La medida permitiría, entre otros alcances, que estos profesionales de la salud refieran o interpreten pruebas clínicas de laboratorio
Un proyecto que busca otorgar nuevas facultades y deberes a los naturópatas licenciados en Puerto Rico recibió posiciones encontradas por parte de los gremios que reúnen y regulan a estos profesionales de la salud durante el proceso de vistas públicas en la Cámara de Representantes.
La Comisión de Salud, presidida por la representante Sol Higgins Cuadrado, atendió este miércoles el Proyecto del Senado 78 (P.S. 78) que, entre otros alcances, permitiría que los naturópatas licenciados puedan ordenar, referir o interpretar pruebas clínicas de laboratorio. La pieza enmendaría, por primera ocasión desde su aprobación, la Ley 211-1997 que regula la práctica de la naturopatía en la isla.
La propuesta legislativa contó con el apoyo de algunas asociaciones, mientras que otras, como el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, rechazaron la medida por entender que le reconocería a la naturopatía facultades que le conciernen a la medicina convencional.
“Esto necesariamente va a provocar fricción dentro de la relación médico-paciente, particularmente en circunstancias donde el paciente recibe consejos de un naturópata que contradice directamente los del médico de atención primaria”, indicó el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos. “Creemos que debe haber una naturopatía complementaria, pero subordinada a la medicina”, agregó.
La Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía, así como la Asociación de Doctores en Medicina Naturopática de Puerto Rico, también se expresaron en contra del proyecto, principalmente debido a que el naturópata licenciado carece de las capacitaciones académicas a nivel clínico-médico que posee un doctor en medicina naturopática. El gremio Doctores en Medicina Naturopática se unió a la oposición de la medida.
Los organismos señalaron que las enmiendas propuestas otorgarían al naturópata licenciado facultades otorgadas al doctor en medicina naturopática bajo la Ley 208-1997. Por tal razón, concluyeron que permitirles a los naturópatas licenciados referir o interpretar pruebas de laboratorio representaría un “riesgo a la salud pública” y encarecerá los costos de los planes médicos.
“La decisión de la Legislatura de restringir la práctica de los naturópatas licenciados y no permitirles realizar, ordenar, referir o interpretar laboratorios, ni pruebas de rayos x, ni electrocardiogramas, ni ultrasonido, ni otros procedimientos de diagnósticos comúnmente utilizados por los médicos fue una decisión correcta y lo sigue siendo”, opinó Jeffrey Sepúlveda, doctor en medicina naturopática y miembro de la Junta.
Sin embargo, la Junta Examinadora de Naturópatas de Puerto Rico, la Asociación Profesional de Naturópatas Licenciados (APNALI) y la Asociación de Profesionales de la Naturopatía (APNAPR) abogaron por la aprobación del P.S. 78 tras señalar que permitiría a la clase de naturópatas licenciados poseer más herramientas de evaluación para realizar una “mejor labor preventiva” y poder confirmar los desórdenes funcionales en los pacientes.
La pieza también otorgaría a los naturópatas licenciados la facultad de recomendar, recetar y utilizar alimentación integral, suplementos de grado profesional o de venta libre con fines preventivos o terapéuticos. En Puerto Rico hay 220 naturópatas licenciados reglamentados por la Junta Examinadora, de acuerdo con la presidenta de este segundo organismo regulador, Elizabeth Ríos.
“Entendemos que es necesario apoyar este proyecto con el objetivo de mantenernos actualizados con los nuevos adelantos y tendencias globales en el campo de la naturopatía. Desde el 1997 no se ha enmendado la Ley 211 y este es el momento idóneo, considerando que somos una profesión de alternativas y prevención que ha sido tan necesaria y exitosa a lo largo de la historia”, expresó.
“En la salud, el tiempo en ocasiones es vital, y la espera de la burocracia por la que a veces tenemos que pasar para obtener un resultado de un estudio puede ser la diferencia en la salud de una persona”, enfatizó Ríos.
Por su parte, el representante novoprogresista Juan Oscar Morales coincidió con los opositores del proyecto al asegurar que las enmiendas propuestas van en contra de la política pública de salud. Además, tanto Morales como el representante Jesús Manuel Ortiz señalaron que aún no reconocen la necesidad urgente de realizar enmiendas a la Ley 211.
“Hasta ahora, yo no he escuchado algo que me convenza a mí de que tenemos que enmendar, de que hay una crisis, de que hay una necesidad, de que hay unas lagunas”, manifestó Morales. “Pudiéramos hasta inducir a error en posibles diagnósticos que no necesariamente ustedes (naturópatas licenciados) tienen el ‘expertise’ y el conocimiento”.
Para la vista pública celebrada hoy fueron citados el Departamento de Salud (DS) y la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud, pero solicitaron a la comisión cameral conceder hasta el próximo 3 de noviembre para presentar una posición oficial sobre el P.S. 78.
